Los problemas del envejecimiento de la población

El envejecimiento de la población española es un acontecimiento demográfico que revestirá consecuencias económicas a medio plazo a causa del desequilibrio entre las cotizaciones a la seguridad social en el mercado laboral y el reparto de pensiones, así como generará una serie de necesidades sanitarias y sociales que exigirá la adopción de medidas en cuanto al fomento de una formación sanitaria especializada en geriatría y estudios específicos como los cursos de terapia ocupacional o los cursos de atención sociosanitaria.

De acuerdo con las estadísticas de la Organización de Naciones Unidas, la esperanza de vida en España ha pasado de ser de algo más de 34 años a comienzos de siglo XX para alcanzar los casi 80 años una centuria después y superarla durante los últimos años. Es decir, un aumento de más del doble. Un incremento que es particularmente visible en la población mayor, que se multiplica por ocho. De hecho, los mayores de 80 años aumentaron hasta un 42 % entre 1991 y 2001 y se calcula que en el año 2025 la mitad de los ciudadanos superará el medio siglo de edad, en concreto con uno de cada cuatro del total situado por encima de la edad actual de jubilación.

Precisamente son los avances científicos y tecnológicos destinados a la comprensión de las enfermedades y la mejora de la asistencia sanitaria, así como el incremento en el nivel de vida de la población media, la planificación de políticas públicas de asistencia social y la ausencia de impactos dramáticos de gran mortandad característicos de periodos históricos precedentes –hambrunas, pestes, guerras,…-, las razones por las que las sociedades occidentales, entre ellas la española, tienden progresivamente a invertir su pirámide demográfica hasta desembocar en la predominancia de las personas mayores de 60 años dentro del porcentaje del conjunto de la población. Una corriente con vistas de ser imparable y que implica la necesidad política y social de prever los acontecimientos ligados a ella mediante la elaboración de diversas investigaciones geriátricas y gerontológicas, además de estudios multidisciplinares que contemplen estos efectos sociales, económicos, políticos y culturales del envejecimiento de la estructura demográfica española.

Como se colige de las cifras expuestas, el principal problema es que el incremento de la población mayor no se ve compensado con unos índices de natalidad que, por el contrario, se mantienen en un número incapaz de procurar la correspondiente renovación biológica de la sociedad española. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), la fecundidad se situaba en 1975 en 2,8 hijos por mujer. En el año 2002, esta tasa caía hasta una media de 1,26 hijos. El ingrediente ideal que, junto al descenso de la mortalidad, da como resultado el envejecimiento de la población.

Entre las consecuencias, por tanto, se encuentra la dificultad que se le presenta a una generación de jóvenes insuficiente en número para asegurar la producción y la estabilidad económica de un país que requiere además el sostenimiento de un amplio grupo de población anciana. Las soluciones apuntadas desde el presente pasan por la constante elevación de la edad de jubilación. Por primera vez en la historia, en 2013 la edad real de jubilación de los españoles superó los 64,3 años como consecuencia del endurecimiento de los requisitos para la jubilación anticipada y la entrada en vigor del retraso paulatino de la edad legal de jubilación de 65 a 67 años que se completará en 2027 y que, además, incorpora la medida de que el cálculo de la pensión solo deberá tener en cuenta los últimos 16 años de la vida laboral del trabajador.

Las deficiencias económicas asociadas a este descenso de cotizaciones a la Seguridad Social se podrán apreciar en la crisis de un sistema educativo que, por lo general, suele sufrir en primer lugar el hacha de los recortes presupuestarios. El sistema sanitario, también vilipendiado con frecuencia, debería reforzarse para atender a una población con riesgos de salud más evidentes. No obstante, la tendencia a la privatización de estos servicios esenciales busca reducir la incidencia del envejecimiento de la población sobre el capital del Estado a costa de, por otro lado, transformar el acceso a la medicina en una cuestión concerniente a la renta privada de cada usuario, siguiendo en parte el modelo americano, puesto recientemente en cuestión por la presidencia de Barack Obama. En otro plano más psicológico, los conflictos generacionales pueden generar otro tipo fractura económica, tanto por la falta de dinamismo y carácter arriesgado y emprendedor que caracterizaría a una sociedad envejecida, como por la pérdida de vínculos de solidaridad elementales los cuales, por su parte, redundarían en una escasa creación de empleo.

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